En Venezuela hay 20 mujeres que permanecen tras las rejas por razones políticas, de acuerdo a organizaciones no gubernamentales. Seis fueron excarceladas o beneficiadas con alguna medida cautelar.
Algunas fueron detenidas en el marco de la Operación Gedeón y están acusadas de magnicidio, otras están involucradas en el supuesto plan para detener a la entonces gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella. También están presas por exigir vacunas contra el COVID-19 y salarios dignos.
Durante su estancia en prisión la mayoría ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y blanco del retardo procesal que, a más de una, mantiene encerrada por más de cinco años.
Casi la totalidad presas políticas en el país se encuentran recluidas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) y en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas.
De todas las encarceladas o que tienen medidas cautelares 18 son civiles y ocho son funcionarias militares.
Muchas denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual y algunas fueron sometidas a desapariciones forzosas.
Efecto Cocuyo elaboró un cuadro interactivo para que se conozca quiénes son las mujeres encarceladas en el país y por qué motivos se encuentran detrás de las rejas:
Emirlendris Benítez (Caso: Magnicidio)
Emirlendris Benítez, fue detenida el 5 de agosto de 2018. La mujer de 40 años de edad, se dirigía a hacer un traslado en el taxi que manejaba con su esposo. En una alcabala policial del estado Portuguesa los detuvieron y sin muchos detalles los apresaron y trasladaron a Caracas. La acusaron de participar en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, que ocurrió el 4 de agosto de 2018. Durante sus más de tres años de prisión ha sido víctima de torturas, tratos crueles y degradantes y sufrió un aborto. Estuvo detenida por un año en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta en el estado Miranda, hasta que, posteriormente, fue enviada a una cárcel de mujeres.
Ángela Lizbeth Expósito Carrillo (Caso: Magnicidio)
Ángela Lizbeth Expósito Carrillo, fue detenida el 23 de septiembre de 2018 y fue acusada de mantener oculto de la justicia a Henryberth Enmanuel Rivas Vivas, implicado en el llamado intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez aseguró que la mujer lo escondía en su vivienda, ubicada en el estado Miranda. Ángela es la directora de una organización de protección de animales y quien supuestamente mantenía bajo su cuidado unas mascotas de perseguidos políticos y particularmente el caso del perro de Oscar Pérez, según una declaración dada por Alfredo Romero, director de Foro Penal.
Yanín Fabiana Pernía Coronel (Caso: Magnicidio)
Fue detenida de manera arbitrariamente, el 4 de agosto de 2018, cuando pasaba por una alcabala en el sector conocido como Masparro del kilómetro 25 de la autopista José Antonio Páez del estado Barinas. Tras su detención fue trasladada a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta, Caracas junto con otras tres personas más, por presuntamente estar involucrada con el intento de Magnicidio en contra de Nicolás Maduro, en agosto de 2018 ocurrido en la Avenida Bolívar de Caracas. La joven sufrió detención, desaparición forzada, torturas y violencia sexual. “Fue golpeada, colgada, electrocutada, asfixiada, ahogada, víctima de actos lascivos y aplastamiento de uñas” Pernía fue presentada ante el Tribunal 1° de Control con Competencia en Terrorismo, con visibles rastros de tortura. Le imputaron los delitos de terrorismo, homicidio en grado de frustración, entre otros.
María Auxiliadora Delgado Tabosky (Caso: Magnicidio)
Fue detenida el 9 de marzo de 2019, por funcionarios de la Dgcim junto a su esposa. Los efectivos militares irrumpieron en su residencia en el estado Carabobo, encapuchados y con armas largas, sin presentar una orden de allanamiento, llevándose objetos de valor, prendas de ropa, computadoras y teléfonos. Luego de hora y media de registro, María Auxiliadora fue detenida. En octubre de 2019 quedó en libertad junto a su esposo tras recibir un permiso de la Dgcim. Pero una contraorden de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) los volvió a llevar a la cárcel con nuevos delitos: terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, homicidio de tipo frustrado, homicidio intencional calificado de ejecutado con alevosía y motivos fútiles e innobles. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU señala que esta detención “equivale a una práctica sistemática de privar a las personas de su libertad sin respetar los derechos consagrados en el derecho internacional. El encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.
Ana María Pernía (Caso: Operación Gedeón)
Es una madre y comerciante de 39 años recluida en la Dgcim Boleíta. Fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 25 de abril del 2020, en el municipio Plaza del estado Miranda, cuando se dirigía a su vivienda en Guatire. Le decretaron medida privativa de libertad por los presuntos delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y terrorismo. Fue desaparecida durante un mes y posteriormente se supo que la detención estaba relacionada con el asalto al destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Puerta Morocha, Los Teques, estado Miranda.
Karen Hernández Rodríguez (Caso: Operación Gedeón)
Fue detenida el 16 de mayo de 2020 y vinculada a la operación Gedeón. Su audiencia preliminar se realizó en el Sebin y no se les permitió tener abogados privados. Fue acusada por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir.
Carla Da Silva Marrero (Caso; operación Gedeón)
Carla Da Silva es amiga de Karen Hernández, fue detenida junto a ella el 16 de mayo de 2020 y ambas fueron vinculadas a la operación Gedeón. Su audiencia preliminar se realizó en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y no pudieron tener defensores de confianza. Fue acusada por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir.
Marifrancys del Carmen Marcano (caso: Operación Gedeón)
Marifrancys, es madre de un niño y fue detenida el 25 de abril del 2020, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el momento en que se trasladaban hacia su vivienda ubicada en Guarenas, estado Miranda. Fue desaparecida durante un mes y posteriormente se supo que la detención estaba relacionada con el asalto al destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Puerta Morocha, Los Teques, estado Miranda. Le fue decretada medida privativa de libertad por los presuntos delitos de Traición a la Patria, Financiamiento al terrorismo y Terrorismo.
Carla Yancelis Antón Farías (Caso: gobernadora de Monagas)
Carla Yancelis Antón Farías, es una teniente del Ejército que se desempeñaba como parquera del Fuerte Paramaconi. El día 17 de junio de 2017, luego de entregar su guardia, fue llamada para una entrevista dentro del mismo Fuerte Paramacay, pero esto fue una excusa para ser entregada a funcionarios de la Dgcim, quienes sin explicación alguna la encerraron cuatro días en un cuarto, luego fue trasladada a la sede del organismo militar y en el lugar fue sometida a tratos crueles e inhumanos, negándole la comida y el agua. A Antón Farías no se le permitió la visita de abogados ni pudo tener contactos con sus familiares. La militar fue trasladada a Ramo Verde, donde permaneció cuatro meses y 23 días, para posteriormente ser trasladada a La Pica, en el estado Monagas.
Yurimar Rengel (Caso: gobernadora de Monagas)
Yurimar Rengel fue detenida por funcionarios de la Dgcim en el año 2019, por ser sospechosa de un supuesto complot para detener a la gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella y tomar la 32° Brigada de Caribe, conocida como Fuerte Paramaconi en el año 2017. Dos años después de un supuesto plan que nunca ocurrió, fue detenida y presentada ante el Tribunal Tercero Militar del Estado Monagas en el que se le decretó la Medida Judicial Privativa de Libertad por los delitos de Rebelión y traición a la patria. Rengel fue trasladada al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil).
Yusimar Montilla Ortega (Caso: gobernadora de Monagas)
Yusimar Montilla Ortega, es una sargento técnico segundo del Ejército, tiene 24 años de edad y fue señalada de estar presuntamente involucrada en el supuesto plan de intento de tomar la 32° Brigada de Caribe, conocida como Fuerte Paramaconi y la detención de la Gobernadora del Estado Monagas Yelitza Santaella, en el año 2017. El día 18 junio de 2019, dos años después del supuesto plan, un grupo de funcionarios de la Dgcim arrestaron a ocho militares, entre estos a Yusimar, quien se encontraba en su lugar de trabajo y tenía para el momento 7 meses de embarazo. Fue presentada en el tribunal donde le fueron imputados los delitos de Rebelión y traición a la patria y trasladada al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil).
Yusimar fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos, procesada y acusada por los mismos delitos por los que fue imputada, sin elementos de convicción en su contra. Dio a luz una niña de la cual fue separada al nacer y con esta serían dos hijos. Actualmente privada de libertad y en condiciones precarias sin recibir alimentación adecuada Yusimar fue sometida a torturas y tratos crueles e inhumanos, procesada y acusada por los mismos delitos por los que fue imputada, sin elementos de convicción en su contra. Dio a luz una niña de la cual fue separada al nacer y con esta serían dos hijos.
Ivonne Coromoto Barrios Finol (Caso: Espía americano)
Ivonne Coromoto Barrios Finol, fue detenida el 12 de septiembre de 2020, cuando se encontraba en su residencia, ubicada en Los Puertos de Altagracia, en el estado Zulia. Ivonne estaba con unos invitados a un almuerzo, cuando repentinamente ingresaron funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), procediendo a realizar su detención junto a otras personas. A Ivonne, se le vincula con el caso del “espía gringo”, un ciudadano norteamericano a quien su esposo de profesión taxista, le hizo una carrera de taxi. Actualmente, está recluida en la sede de la Dgcim. Ivonne es madre de un hijo que vive en el estado Zulia y al cual no ha vuelto a ver.
Lisbany Aguilar (Caso: presunta fuga de Rodríguez Torres)
Lisbany Aguilar es sargento segundo de la Armada Nacional Bolivariana, para el momento de su detención, el 14 de mayo de 2019 laboraba en la Dgcim. Fue detenida por sus colegas en Valencia, estado Carabobo quienes bajo engaño la trasladaron a la sede principal del organismo militar en Caracas, para someterla a varios interrogatorios relacionados con el supuesto plan de fuga del General Miguel Rodríguez Torres. A Lisbany le fue decretada Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y se ordenó su detención y se estableció como sitio de reclusión el Centro de Procesamiento Militar (CENAPROMIL), sin embargo, la llevaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), donde fue brutalmente golpeada por las otras reclusas al ingresar.
Mariana del Valle Moreno Gil (Caso: Apagón nacional)
Mariana Del Valle Moreno Gil, de 32 años de edad, es una primer teniente de la Aviación Militar Nacional Bolivariana. Se desempeñaba como miembro del grupo destacado encargado de custodiar un área de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” ubicada en la represa del Guri, en el estado Bolívar. Fue detenida junto con 13 compañeros de trabajo el 16 de abril de 2019, cuando un grupo mixto de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dgcim llegó a la central indicando que actuaban por órdenes de la vicepresidencia de la República. Mariana fue presentada ante tribunales militares del estado Bolívar, el 20 de abril de 2019 y quedó privada de libertad por la presunta comisión de los delitos de Ultraje a las Fanb y Desobediencia. A la militar la recluyeron en la sede de la DGCIM ubicada en Ciudad Bolívar. Su caso está vinculado con el gran apagón nacional ocurrido en marzo de 2019, producto de un presunto “ataque” a la central hidroeléctrica “Simón Bolívar”.
Leydifel Joseplin Bracho (Caso difusión de mensajes en WhatsApp)
Leydifel Joseplin Bracho, de 42 años de edad, es una abogada y técnico superior universitario en Ciencias Policiales. Fue detenida el 13 de agosto de 2020 y trabajaba como inspector jefe del Cicpc en el estado Falcón. El 12 de agosto de 2020 asistió a una citación para rendir declaración en la sede de las Faes ubicada en Coro, estado Falcón, sobre unos mensajes de textos que estarían circulando en grupos de WhatsApp. Fue arrestada sin explicación y trasladada a la sede de la Dgcim en Caracas. El 15 agosto de 2020 fue llevada a cabo su audiencia de presentación, ante el tribunal primero de terrorismo de Caracas, quedando privada de libertad por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y conspiración, ordenándole el tribunal de la causa como centro de reclusión la sede de la Dgcim en Boleíta. El Ministerio Público señala presuntamente a Leydifel Bracho como la articuladora de un grupo de funcionarios del CICPC, que debían hacerse pasar como escoltas en todo el país portando armas que serían utilizadas por mercenarios para asesinar a Nicolás Maduro, bajo la orden de los opositores Leopoldo López y Juan Guaidó. El 15 de agosto de 2021, fue trasladada a la sede del Cicpc en El Rosal. Sus familiares denuncian que Bracho presenta problemas de salud que deben ser atendidos tales como la hiperplasia endometrial, constantes derrames de sangre vaginal y anemia.
Diana Daniela Díaz (Caso: Plan para sustraer armas)
Diana Daniela Díaz fue detenida el 18 de noviembre de 2019, después que un funcionario dijera que un efectivo desertor le comentara que Diana tenía información de un supuesto plan para sustraer armas en el estado Táchira. Díaz es sargento segunda de la GNB y fue imputada por el delito de espionaje. Fue detenida en el Comando de Zona 33 del Estado Apure, donde residía. Al momento de su detención, le prohibieron las visitas, le quitaron todos los beneficios laborales. Fue sometida a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los presos políticos señalan que Diana permaneció en una oficina encerrada, esposada a una mesa, durmiendo en el piso, sometida a altas temperaturas. Diana es madre soltera y cuando fue detenida estaba en período de lactancia de su bebé, de la cual fue separada y no la ha vuelto a ver.
Yelut Naspe Inistra (Caso: Granadas lanzadas a una sede policial)
Fue detenida el 16 de diciembre de 2015, por presuntamente estar incursa en el ataque contra la Policía del Estado Aragua en agosto de ese año. Delincuentes lanzaron una granada hacia el módulo policial de la comunidad de San Vicente, estado Aragua, en ese murió un joven oficial. Sin embargo, la misma policía indicó que fue un ataque parte de una banda delincuencial. Sólo bastó que se publicara un audio del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para la época, en el que se vinculaba a Yelut Naspe con el suceso para que fuera detenida y sometida a un injusto proceso penal, a pesar que la víctima residía y estaba en Caracas para el momento del hecho ocurrido a más de 100 kilómetros de distancia. Antes de ser detenida Yelut Naspe era comerciante, específicamente en ventas de servicios funerarios, también era activista del partido opositor Primero Justicia. Yelut es una de las mujeres presa política más antigua y quizás más olvidada. La Fiscalía asegura que Yelut Naspe organizó el ataque contra la Policía del Estado Aragua en agosto de ese año.
Nohemí Pabón
Nohemí Pabón, fue privada de libertad con fines políticos desde el 11 de septiembre de 2015, es una estudiante de administración de empresas. Nohemí lleva 6 años detenida sin juicio ni condena y está recluida en El Helicoide.
Laura Lara Sosa (Caso: Medicamentos en Carabobo)
Laura Lara Sosa fue detenida por funcionarios del Sebin y recluida en la sede de El Helicoide durante un año y 2 meses, para luego ser trasladada al Inof, donde permanece. La imputación se dio por intentar vender en dólares las ampollas Remdesivir, utilizadas para tratar el Covid-19. A Laura Lara Sosa, la imputaron por contrabando de extracción, terrorismo y asociación. Lara Sosa es implicada en el hecho por ser dueña del vehículo en el cual se trasladó Antonio Amell Castillo a entregar unas medicinas.
Samaira Romero Armario (Caso operación Gedeón)
Samaira Romero fue detenida el 10 de mayo de 2020, por presuntamente estar involucrada en la operación Gedeón. Su juicio ha estado lleno de violaciones al debido proceso. La funcionaria fue acusada por los delitos de traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero y posteriormente llevada a una audiencia preliminar realizada en la sede del Sebin en la que no hubo abogados privados. Romero, quien es una sargento de la GNB admitió los hechos y fue condenada a 24 años de prisión.
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