La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó este jueves una actualización de su informe sobre Venezuela, donde evidencia nuevas ejecuciones extrajudiciales de las FAES y atropellos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro.
En materia de seguridad, Bachelet resaltó la masacre ejecutada por el grupo de exterminio, Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en el mes de enero en la Vega, cuando 14 personas fueron ajusticiadas por el órgano represor.
Al respecto, pidió que se hagan las averiguaciones correspondientes para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.
De igual forma, la Alta Comisionada destacó la crisis económica y social en su nuevo informe. La funcionaria precisó que la falla en servicios básicos como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina han generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria.
“Según algunas organizaciones el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”, reseñó.
Por otro lado, Bachelet manifestó especial preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en la que tienen que salir los venezolanos que emigran por el sueño de mejores condiciones de vida, ante las redes de tráfico y trata de migrantes.
Asimismo, la Alta Comisionada instó al régimen de Nicolás Maduro a liberar de manera inmediata a todos aquellos detenidos arbitrariamente.
De igual forma, Bachelet condenó el aumento de la represión en contra de medios de comunicación, periodistas y defensores de derechos humanos.
“Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico. Desde Septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, sentenció.
“Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones”, lamentó la funcionaria.
