EMILY AVENDAÑO, 02 AGOSTO 2017 I www.elestimulo.com

Una espada de Damocles pende sobre sus cabezas: la amenaza certera de presidio. El ultimátum se mece sobre los magistrados nombrados en julio por la Asamblea Nacional, y ahora también sobre los diputados electos en 2015, pues ya está cantado que una de las primeras tareas de la Asamblea Constituyente será la de allanarles la inmunidad parlamentaria. Nicolás Maduro ha ofrecido encerrar a Freddy Guevara en repetidas ocasiones, y Antonio Ledezma y Leopoldo López fueron de nuevo arrastrados a Ramo Verde luego de operativos nocturnos en sus respectivas casas, donde cumplían presidio residencial.

Sin embargo, no hay que ser un político de alto perfil para ganarse una celda en el Helicoide. Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, subraya que el caso del diputado Gilber Caro marca un antes y un después en la intención del Ejecutivo de impartir “castigos ejemplarizantes”. “Lo detienen por su historia personal. Apuntan a los cuadros medios de los partidos opositores o disidentes. Los políticos de alto perfil son más conocidos, están más protegidos y el costo político de su aprehensión es mayor, así que buscan a personas de un perfil más bajo para enviar mensajes de disuasión, con la intención de que la gente se intimide y desistan de continuar la protesta pacífica”.

Pedro Castillo es un ejemplo. Es fundador de Voluntad Popular (VP) y desde el 16 de febrero de 2016 se desempañaba como Director de Estudios Avanzados de la Asamblea Nacional, uno de los pocos cargos adscritos directamente a la Presidencia del Poder Legislativo. Castillo tiene muy claros los “días de lucha” que han transcurrido desde que comenzaron las protestas en el país, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se abrogara para sí las competencias parlamentarias. Admite que el día 67 de protestas fue su último día activo en las calles. “Ese día una persona vinculada el gobierno actual, a través de un intermediario, me informó que estaban tratando de crear una olla en mi contra y que yo debía tomar las acciones correspondientes. Pocos días antes ya habían detenido a Jorge Machado, coordinador de Formación de VP, un buen amigo personal y un gran aliado institucional, porque teníamos cargos similares, él en el partido y yo en el congreso”.

Las “acciones correspondientes” eran irse de Venezuela. En primera instancia Castillo se reusó. Lo que sí hizo fue esconderse. Pasó 13 días en el estado Vargas “enconchado”. Ese tiempo sirvió para que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) llegara a su casa con la Operación Tun Tun. Aunque nunca tocaron la puerta pasaron horas estacionados afuera y tomaron fotografías. Esa fue la confirmación de que el pitazo era cierto. En consecuencia, el día 71 de protestas –es así como lleva la cuenta– compró el pasaje y el día 78 salió con destino a República Dominicana. “No tenía prohibición de salida del país, ni estaba en la lista de personas a las que les anulan el pasaporte. Salí por Maiquetía lo más ligero posible, como si fuera de paseo. En Dominicana pasé un par de días y ahora estoy en Madrid. Aquí he trabajado activamente con el Foro Penal Venezolano. Hay que seguir trabajando y tratar de rescatar a Venezuela desde donde se pueda”.

Castillo sabe que no ha cometido ningún delito, a menos que cargar un megáfono al frente de una marcha se considere uno. Antes de partir al exilio trabajaba de la mano del diputado Juan Andrés Mejías, coordinador político de VP. “Querían agarrarme por ser una ficha intermedia entre el coordinador político y el coordinación de formación del partido, y por ocupar un cargo directivo en la Asamblea Nacional. Así que yo era la ficha perfecta para presionar, para intentar llevar a la Mesa de la Unidad Democrática a una negociación. Evidentemente, no creo que yo sea un tipo tan importante como para que se sienten a negociar por mí, pero crea algo de presión. Para eso le sirven al gobierno los presos políticos, los manejan como barajitas”.

Tener un cargo dentro del Hemiciclo no es la única causal de cárcel para el gobierno nacional y su brazo ejecutor, el TSJ. Cristofer Correia, director de Comunicación Ciudadana de la AN, dice que llevar franelas de un partido político dentro de un carro es “una causa de stress impresionante. Si te encuentran con eso, o con banderas, te siembran C4 y armas y te consideran un terrorista. Aquí se perdió el estado de derecho. Es evidente que pueden llevarse preso a todo el mundo, desde los cuadros medios hacia arriba, y de todos los partidos políticos. Aplican la misma receta para todo el mundo”.

Desde el 1º de abril hasta el 31 de julio, la ONG Foro Penal contabiliza 5.051 arrestos. De esos casos 1.383 personas permanecen detenidas. En su Reporte sobre la represión en Venezuela durante manifestaciones, presentado en junio, desglosan los casos de detenciones arbitrarias y explican que es una práctica recurrente mantener incomunicados a los detenidos hasta el momento de su presentación en tribunales. Observaron, además, que algunas personas fueron sacadas por la fuerza de sus trabajos o de sus viviendas, sin estar cometiendo delito. “Eventualmente, esta práctica podría dar lugar a desapariciones forzadas ”, advierten.

En cuanto a los presos políticos, nada más durante el mes de junio fueron detenidas 120 personas, con lo que la lista total de presos políticos en el país ascendió a 403 ciudadanos. “La criminalización de la protesta y la aplicación del llamado ‘Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora’, como parte del esquema represivo del gobierno contra los ciudadanos civiles, ha traído como consecuencia que en los últimos 3 meses exista un número exagerado de personas arrestadas con fines políticos”, aseveran.

Arremetida contra los alcaldes

Desde que fueron electos en 2013, al menos 18 alcaldes identificados con la MUD han sido hostigados, amenazados, destituidos, tienen juicios abiertos, han sido apresados o se encuentran en el exilio. En esta lista se encuentran ocho burgomaestres a los que la Sala Constitucional del TSJ decidió enjuiciar con la excusa de que permiten la obstrucción de las vías públicas durante las manifestaciones.  La medida afecta a cinco alcaldes de municipios del estado Miranda: Gerardo Blyde (Baruta), José Luis Rodríguez (Carrizal), José Fernández (Los Salias), David Smolansky (El Hatillo) y Ramón Muchacho (Chacao); y a tres alcaldes de municipios del estado Mérida: Juan José Peña (Adriani), Carlos García (Libertador) y Omar Lares (Campo Elías).

A la lista se suman Gustavo Marcano, alcalde de Lechería estado Anzoátegui, que ahora se encuentra en la clandestinidad; y Alfredo Ramos, alcalde de Iribarren (Barquisimeto) a quien el Sebin detuvo la noche del 28 de julio después de que pasara toda la tarde atrincherado en su despacho. Ambos fueron sentenciados a 15 meses de prisión.

La sentencia del TSJ contra Marcano ocurrió el 25 de julio. El TSJ lo declaró en desacato, lo destituyó del cargo y ordenó que el Sebin lo arrestara. También quedó inhabilitado políticamente y se le prohibió salir del país. El 20 de julio el TSJ le habría ordenado presentarse en una audiencia a lo que él respondió con un comunicado en el que subrayó que los únicos magistrados que reconoce son los nombrados por la AN el pasado 21 de julio. “No acudiremos, ni acataremos las decisiones que emanen de esa audiencia írrita, dirigida por  personas que ilegítimamente se encuentran usurpando las funciones del máximo tribunal del país”. Se amparó en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional. Tres días después llegó la sentencia contra Ramos. Se le señaló de haber incurrido en desacato de un amparo cautelar dictado el pasado 1 de junio, y se declaró el cese de sus funciones como alcalde, así como su inhabilitación política.

Ramón Muchacho fue el tercer alcalde citado por el TSJ la semana pasada, pero la Sala Constitucional decidió diferir su audiencia para el 3 de agosto. De la misma forma, fijó para el 2 de agosto la audiencia del alcalde del municipio Libertador de Mérida, Carlos García. Su inasistencia se considera como una “tácita aceptación de los hechos”, a pesar de que en el sistema judicial venezolano no existe en juicio en ausencia.

David Smolansky, alcalde de El Hatillo, califica las acciones del TSJ como un paredón político: “Hoy vemos como los alcaldes somos asediados, pues la descentralización le resulta incómoda a la dictadura, no hemos terminado nuestro primer período cuando ya, al menos, 8 alcaldes han sido destituidos, están en la cárcel o se encuentran en el exilio”. Se refiere, entre otros, a Lumay Barreto (Guasdualito, Apure), Warner Jiménez (Maturín, Monagas) y Delson Guárate (Mario Briceño Iragorry, Aragua). En todos esos casos, a pesar de que los electores escogieron a candidatos de Voluntad Popular, los jefes municipales fueron cambiados por militantes del PSUV.

Adriana González, alcaldesa de Puerto Ayacucho, enfrenta su tercer juicio por desacato en los últimos seis meses, esta vez debido a una solicitud del sindicato de empleados de la municipalidad: “El tribunal superior contencioso administrativo sacó con pinzas este caso. A mi me llegan pocos créditos adicionales y el sindicato solicitó que yo no distribuyera esos recursos sino que los dedicara exclusivamente a los empleados. Yo no lo hice. Los distribuí según la Gaceta Oficial. Notifiqué al tribunal y envié un cronograma de desembolso, este proceso ocurre porque según ellos debí enviar además una distribución presupuestaria”.

De prosperar esta demanda, González se enfrenta a prisión de 6 a 15 meses, más la inhabilitación política. “Puedo ir presa por una cosa que no tiene ni pies ni cabezas. Sin embargo, yo asistiré a la audiencia. Es momento de actuar con valentía, no de esconderse. Estamos preparados desde el punto de vista jurídico”. La alcaldesa subraya que esta arremetida contra los alcaldes de oposición también es una afrenta contra el ciudadano que los eligió y contra quien piensa diferente, al igual que las corporaciones y gobiernos paralelos que crean en las instancias que no ganan con votos.

Irse o quedarse

Tres de los magistrados nombrados por la AN están detenidos, el resto escondidos. La magistrada Elenis del Valle Rodríguez, por ejemplo, se refugió el sábado en la residencia del embajador de Chile en Caracas y se encuentra bajo la protección de ese país. Prefirió ahorrarse el destino de Ángel Zerpa, Jesús Rojas Torres y Zuleima González, encarcelados en El Helicoide. El presidente Nicolás Maduro prometió cárcel para todos los magistrados.

Sin embargo, para Rafael Uzcátegui, de Provea, es tiempo de que los líderes se queden acompañando a la resistencia así sea en la peor de las circunstancias: “La gente demanda un liderazgo político presente”.

Pedro Castillo opina que todo dependía de la elección de este domingo. Vaticina que muchos diputados caerán presos en lo que la constituyente comience a ejercer. Sin embargo, volvería una vez que hayan cambiado las circunstancias que lo hicieron temer por su vida y la de su familia.

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