Cárcel de Ramo Verde 29 de abril del 2014
Palabras a la Injusticia:
La Denuncia a la Dictadura y la conquista a la democracia en Venezuela

 

Soy un preso político, preso de conciencia. Estas son mis palabras ante una justicia injusta en ocasión de la audiencia preliminar de mi caso que me ha privado de libertad por 70 días. Escribo estas líneas desde mi celda en la prisión militar de Ramo Verde.

 

He sido un perseguido político del régimen por más de diez años. Más de 20 expedientes, juicios políticos, intentos de homicidios debidamente denunciados y nunca resueltos, asesinato moral por parte de los medios de comunicación del Estado y dos inhabilitaciones políticas, que a pesar de haber obtenido una sentencia favorable de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la violación a mis derechos a la defensa y a la participación política, me han impedido ejercer cargos de elección popular.

 

Durante más de un año, a partir de enero del 2013, Nicolás Maduro ha expresado públicamente su deseo de meterme preso. En mas de diez oportunidades, en cadena nacional, Maduro anunció que debería ir preso, por las opiniones emitidas en contra de su Gobierno.

 

Es en ese contexto de persecución permanente y de amenaza explícita por parte de Maduro que se emite una orden de captura en mi contra el 12 de febrero del presente año. Entendiendo que este nuevo ataque era político y teniendo mi conciencia en paz por la opiniones emitidas y acciones ejecutadas, decidí presentarme voluntariamente ante una justicia indigna el 18 de febrero, fecha desde la cual estoy preso.

 

Estoy preso por haber denunciado al Estado venezolano, y a sus principales responsables, como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. Estoy preso por haber denunciado a viva voz que en Venezuela no hay democracia, que los poderes públicos han sido secuestrados por una élite corrupta, ineficiente y antidemocrática, responsable de la profunda crisis social, económica y política que hoy sufrimos todos los venezolanos. Estoy preso por haber denunciado que en Venezuela vivimos en dictadura. Estoy preso por haber propuesto un cambio profundo que pasa por la sustitución de quienes están a cargo de todos los poderes públicos. Estoy preso por haber solicitado la renuncia o la sustitución por la vía constitucional de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Estoy preso por haber hecho un llamado al pueblo venezolano a salir a la calle a protestar, haciendo uso de nuestro derecho histórico y constitucional a la protesta, hasta lograr un cambio político que garantice la paz, el bienestar y el progreso para todos los venezolanos. Estoy preso por haber expuesto ideas, opiniones y propuestas que hoy comparten la mayoría de los venezolanos que desde la indignación y corazón patriota piden un cambio profundo que permita enrumbar a la nación.

 

Estoy preso físicamente, me tienen aislado y con restricción severa a visitas, pero ni hoy ni nunca podrán encarcelar mi profunda convicción de que tenemos el derecho y el deber de luchar para conquistar la democracia y la libertad para Venezuela. Gracias a Dios no estoy solo en estas ideas, en esta convicción de lucha. Somos millones, somos mayoría los que estamos dispuestos a luchar por un cambio hacia la democracia en Venezuela. Podrán encarcelarme a mi y a miles más pero jamás podrán encarcelar el espíritu de lucha que con los jóvenes en la vanguardia, hoy recorre la calle de los pueblos, barrios y ciudades de toda Venezuela. Ya Venezuela decidió cambiar, mi encarcelamiento y el de muchos otros no es sino la cara de una dictadura cada día más débil y con menos apoyo popular, que pretende mantenerse en el poder reprimiendo, silenciando las voces críticas y criminalizando la protesta.

 

Las motivaciones políticas de mi encarcelamiento están claramente expuestas en la acusación presentada por los fiscales provisorios, Franklin Nieves Capace, Nardin Sanabria Bernatte, Juan Canelón Marín, Guendy Duque Carvajal y José Foti González ante el juzgado 16 de control del área metropolitana de Caracas. Del documento presentado por el Ministerio Público ante el tribunal de control se desprenden cuatro acusaciones o hechos punibles en mi contra. Mi mejor defensa ante la denuncia de este caso y de mi condición de preso político es precisamente las acusaciones que hacen los fiscales en mi contra.

 

Son cuatro las acusaciones que hace el Ministerio Público en mi contra:

 

La primera:

“Leopoldo López… hizo llamados a la violencia, desconocimiento de las autoridades legítimas y la desobediencia de las leyes que desencadenó en el ataque desmedido por un grupo de personas que actuaron de forma individual, pero determinados por los discursos del mencionado ciudadano, contra la sede del Ministerio Público”. p.2.

La segunda acusación fue por haber denunciado al Estado como corrupto ineficiente y antidemocrático.

 

(Leopoldo López) intensificó su discurso e inició una campaña pública y agresiva contra el Presidente de la República y las instituciones del Estado, haciendo del conocimiento con su discurso, que el actual gobierno tiene vínculos con el narcotráfico, además de ser corrupto, opresor, ineficiente y antidemocrático, y que era necesario salir a conquistar la democracia y que para ello el cambio o la salida sólo iba a ser posible con el pueblo en la calle”. p.3

 

La tercera acusación que hace el Ministerio Público en mi contra; es haber llamado al pueblo venezolano a conquistar la democracia:

 

“…es tanto así que de manera contundente (Leopoldo Lopez) afirmó “TENEMOS QUE SALIR A CONQUISTAR LA DEMOCRACIA” (mayúsculas del MP) es decir, que su fin no era otro que sembrar la idea en sus seguidores, que sólo la calle podía generar un cambio, invitándolos a ser protagonistas, con el fin de desconocer la legitimidad del Ejecutivo Nacional, así como de las cabezas de los Poderes Públicos. (p.3)…. cuyo fin era realizar un cambio total y profundo, con el fin de que fueran sustituidos de sus cargos, ya que en su criterio el problema (del país y de los venezolanos) no sólo era Nicolás Maduro, sino todas las cabezas de los poderes públicos que han sido secuestrados. (p.4)…. Todos estos (refiriéndose a los daños causados a las sede del MP) fueron ejecutados como consecuencia de la persuasión e inducción realizada por el ciudadano Leopoldo López, quien ejerció una fuerte influencia, no sólo en su manera de pensar, sino en las potenciales acciones de sus destinatarios, quienes actuaron y cumplieron cabalmente su mensaje” (p.5)

 

La cuarta acusación hecha por el Ministerio Publico pretende ampliar el ámbito de responsabilidad de manera difusa a otras personas, argumentando la existencia de una “estructura delictiva” con un plan criminal para propiciar la renuncia o salida de Nicolás Maduro.

 

“Es evidente que todo el aparataje empleado por el ciudadano Leopoldo López, no fue realizado por si mismo, necesariamente contó con una estructura delictiva… para poder desarrollar su plan criminal, que no era otro que persuadir o inducir a un grupo de personas para desconocer las autoridades legítimas y las leyes para propiciar la salida del Presidente de la República.” p.5

 

Estas cuatro acusaciones las fundamentan los fiscales del Ministerio Público en el testimonio de 115 testigos de los cuales 110 son funcionarios del MP y del Estado; la presentación y análisis de 4 videos con discursos que efectué y de los cuales asumo todo lo dicho, desde el inicio hasta el fin de cada uno; y en un informe de los fiscales. Es importante resaltar que los fiscales negaron todas nuestras solicitudes, la presentación de 30 testigos presenciales, fue negada, todos; la promoción de un equipo equilibrado, y de mutuo acuerdo para el análisis del discurso también negada.

 

La conclusión del Ministerio Público es imputarme cuatro delitos por estos hechos, estas acusaciones: Daño, incendio, instigación y asociación para delinquir.

 

Sin prueba alguna, por que no la hay, impidiendo una justa defensa y siguiendo un lineamiento político, los fiscales me acusan de delitos que no cometí, manipulan los hechos y me mantienen como un preso de la dictadura.

 

A continuación mi respuesta a cada una de las cuatro acusaciones que hacen los fiscales en mi contra:

 

La primera acusación que hace el Ministerio Público es haber llamado a la violencia. Falso. Rechazo total y absolutamente la pretensión de los fiscales de concluir que nuestro discurso antes, durante y después del 12 de febrero tenía como un mensaje subliminal un llamado a la violencia. Digo claramente, mensaje subliminal por dos razones. La primera es que el informe técnico presentado por el MP, que fue elaborado por un profesional obediente militante del oficialismo, concluye que existe una vinculación de tal magnitud entre mis palabras y las acciones de una decenas de manifestantes que, sin haber yo llamado a la violencia, los manifestantes así lo interpretaron. Es decir, descubrieron un mensaje subliminal, que no se dijo pero que, según su parecer, se entendió. Y la segunda razón, porque en todos los videos, fotos, consignados por el MP, se aprecia clara e indiscutiblemente mi llamado a la acción de calle NO-VIOLENTA. (ver discurso 23E, 2F, 12F)

 

El corazón de la lógica argumental de los Fiscales acusadores lo resume el siguiente párrafo de la acusación:

 

“Leopoldo López posee un ethos discursivo que domina e incide sobre el ethos de sus destinatarios; en consecuencia, todo aquello que el destinador le diga a sus destinatarios, ejercería una fuerte influencia, no sólo en su manera de pensar, sino en las potenciales acciones que los destinatarios puedan realizar en consecuencia. En este punto, la fuerza discursiva y el ascendiente del ciudadano Leopoldo López como líder político es incuestionable pues ha fungido como catalizador de molestias sentidas por una parte significativa de la población venezolana; de allí que lo que él diga o pueda transmitir a su audiencia sea transferido efectivamente, tanto, que sus destinatarios se sientan animados a seguir, en acciones, lo que éste les indica que deberían hacer, aunque no les explique claramente (es decir subliminal)”.

 

Queda claro, explícitamente claro, que utilizando un concepto tan difuso y confuso como el mensaje subliminal pretenden fundamentar la acusación en mi contra, lo que se traduce en  la criminalización, la prohibición de mis ideas, propuestas y acciones, que valga decir, hoy son apoyadas por la mayoría de los venezolanos.

 

proceder

 

La acusación en mi contra, fundamentada en varios discursos que hice entre el 23 de enero y el 12 de febrero, tiene como mejor defensa los propios discursos, leídos o vistos desde su inicio a fin, sin edición, sin manipulación. En esos discursos explico claramente nuestra propuesta política, que basada en un análisis crítico de la actual crisis, propone una salida, un cambio político profundo, activado desde la calle con acciones no violentas, y materializado mediante la convocatoria popular a una de las cuatro alternativas que ofrece la constitución para producir un cambio político.

 

El 23 de enero hicimos un llamado al alzamiento de nuestra conciencia, al alzamiento del espíritu optimista del pueblo venezolano de que si podemos tener una mejor Venezuela. Un llamado a la calle hecho en la conmemoración del 23 de enero de 1958, celebrado por gobierno y oposición, cuando el pueblo venezolano se alzó en la calle contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ese día convocamos a la celebración de Asambleas Populares en toda Venezuela para debatir las opciones a la salida de la crisis social, económica y política que vivimos, asambleas a celebrarse el 2 de febrero.

 

El 2 de febrero se realizaron centenares de asambleas en toda Venezuela, unas grandes, otras menos, unas en plazas, otras en casas o calles. En estas asambleas participaron distintas organizaciones, personas y partidos con distintas protestas. La conclusión fue asumir el compromiso de protestar pacíficamente en la calle por un mejor país.

 

Durante mi presentación (el video con la intervención completa lo presenta el MP como prueba), explico el carácter no violento de nuestra convocatoria:

 

“Estas luchas, hermanas, hermanos, tienen que tener una conducción y una metodología clara, basada en la no violencia. La no violencia ha sido el método de lucha más eficaz que se ha inventado por los pueblos oprimidos. La no violencia no significa pasividad, la no violencia no significa agachar la cabeza, la no violencia no significa retroceder. La no violencia es no tener miedo, significa desafiar, la no violencia significa estar en las calles, la no violencia significa tener un estado de consciencia en donde no permitimos que nos manipulen.”

 

Nuestra vocación es el cambio, nuestro espacio es la calle, nuestra estrategia la no violencia. Nuestro compromiso la salida, allí está en la Constitución” (ver discurso 2F, Plaza Brión).

 

Las asambleas del 2F fueron un gran paso en la actuación de la protesta no violenta. A pesar de la actitud pacífica de los manifestantes, ese día se vio la cara represora del régimen. Un anuncio de lo que vendría. Varios estudiantes y jóvenes resultaron presos. Seis en Nueva Esparta y seis en Táchira. En ambos casos estos detenidos fueron tratados como terroristas de máxima peligrosidad. Trasladados con un despliegue policial desproporcionados: helicópteros, barcos, camionetas fueras de sus estados. Esa acción represiva generó un gran descontento, especialmente a los jóvenes que en el caso de Táchira también protestaban por la violación de una estudiante.

 

El 9 de febrero cuando iba a abordar un vuelo de Conviasa vía Santo Domingo, Táchira, fui sacado del avión de forma violenta e injustificada, por cuerpos de seguridad del Estado que no ofrecieron explicaciones, simplemente dijeron: “tenemos órdenes de no dejarlo abordar este vuelo”. Hago mención a este incidente, puesto que las palabras que dirigí al bajarme del avión en Maiquetía son parte de los elementos probatorios presentados por el MP. En esas palabras, rechacé ese abuso por ser un reflejo de lo que pasa todos los días a millones de venezolanos que son víctimas del abuso y de la indiferencia de funcionarios públicos.

 

El día 12 de febrero, tal como habíamos convocado, miles de personas salieron a las calles en toda Venezuela. En Caracas, la manifestación comenzó en Plaza Venezuela. Allí, una vez más explicamos nuestra propuesta ante el desastre que vivimos en Venezuela, ante el hecho que no vivimos en democracia, que en Venezuela hay una dictadura, propusimos activar la protesta, el derecho a la protesta en la calle como impulso popular para construir el camino democrático y constitucional hacia un cambio político. La salida del desastre, la salida de la dictadura y la conquista de la democracia (ver video discurso 12F, en Plaza Venezuela, Caracas).

 

De Plaza Venezuela salimos rumbo a la sede principal del Ministerio Público, tal como se había notificado a las autoridades. La manifestación llegó a la Fiscalía de forma masiva, en paz y sin violencia.

 

Allí manifestamos, en paz y sin violencia, durante más de 2 horas. Nos retiramos masivamente en paz y sin violencia. Culminamos nuestra protesta sin ninguna manifestación violenta. Como respaldo de estas afirmaciones ver los videos con las declaraciones a los medios en Fiscalía, luego a los manifestantes y luego en la retirada, siempre llamando a la no violencia.

 

La descripción de lo ocurrido ese día, en detalle, la dimos en rueda de prensa el mismo 12 de febrero en la noche (ver declaraciones 12F noche).

 

Luego de nuestra retirada, la de miles y miles de manifestantes, ocurrieron los hechos vandálicos frente a la sede del MP. Como explicamos anteriormente la intención de los fiscales es establecer un vínculo criminal entre mis palabras y las acciones de unos jóvenes, que lanzaron objetos a la sede del MP.

 

Lo que llama la atención con respecto a la narrativa de los hechos por parte del MP, es que omite por completo el hecho más relevante ocurrido ese día, el asesinato de Juan Montoya y Bassil Da Costa por funcionarios del SEBIN.

 

De una manera torcida, los fiscales del MP establecen una línea de causalidad entre mis palabras y las piedras lanzadas al edificio, ignorando el hecho que la reacción violenta de los manifestantes fue causada por estos dos asesinatos por funcionarios del SEBIN; funcionarios del SEBIN acreditados como escoltas del ministro Rodríguez Torres, quienes, acompañados de civiles armados, dispararon contra los manifestantes que estaban en la Av. Urdaneta. Fallecieron dos personas, el SEBIN regresó al lugar de los hechos, manipuló el escenario del crimen retirando evidencia y nunca dio explicaciones. Nadie explicó nunca qué hacia el SEBIN en la marcha si Maduro confesó que había dado la orden de que se mantuviera acuartelado. ¿Quién dio la orden para que salieran del acuartelamiento? ¿Quién dio la orden de disparar? Disparar a manifestantes en una acción tipo comando como se detalla en los videos, no es espontáneo. Alguien dio la orden. ¿Acaso fue Manuel Bernal, Director del SEBIN que fue removido el 14F y enviado a un cargo administrativo sin dar ninguna explicación? ¿Acaso la orden la dio el ministro Rodríguez Torres, antiguo jefe del SEBIN y Ministro responsable de este organismo policial? ¿Por qué Manuel Bernal o Rodríguez Torres no han aclarado ante la justicia cuál fue su responsabilidad en estos asesinatos? Ellos tuvieron que haber dado una orden al SEBIN para ir a la manifestación y disparar, si no fueron ellos, ¿quién fue, quién dio la orden?

 

El otro elemento sobre la responsabilidad de la Fuerza Pública en los hechos ocurridos, es la presencia pasiva de la PNB y la GNB frente a los hechos ante la sede del MP. Durante 45 minutos, y estando ellos a 20 metros del lugar de los acontecimientos, no actuaron, no hicieron nada. ¿Quién dio la orden a la PNB de no impedir estos ataques al MP? Es obvio, más que claro, que detrás de la pasividad de la PNB y la GN hay una clara intención: Permitir los hechos para luego acusar a los manifestantes y a sus convocantes de violentos. Era un plan, una celada que el propio Maduro anunció la noche anterior cuando dijo “mañana va a haber un muerto”. ¿Cómo sabía Maduro? ¿Por qué tantas interrogantes ante las acciones y las omisiones de las instituciones del Estado?

 

Sobre esta primera acusación, de haber instigado hechos vandálicos dirigidos por mi discurso, podemos concluir que no hay elementos que establezcan esa relación, y que más bien los hechos de violencia ocurridos ese día son responsabilidad, por acción o por omisión deliberada, del Estado Venezolano. (ver nota sobre llamado directo de Ameliach a la violencia).

 

La segunda acusación que me hace el Ministerio Público es haber denunciado como corrupto, ineficiente, opresor y antidemocrático al gobierno de Maduro y al Estado Venezolano. Sobre estos señalamientos asumo plenamente mi responsabilidad. No sólo asumo la responsabilidad de haber hecho tales señalamientos sino que aprovecho esta oportunidad para ratificar todos y cada uno de ellos por ser estos la pura e intocable verdad.

 

Si es un delito denunciar la corrupción, la ineficiencia, la pérdida de libertades y la vocación antidemocrática de quienes gobiernan, asumo mi responsabilidad.

 

Tomando en consideración que el Ministerio Público cuestiona y criminaliza mi denuncia sobre la presencia de un Estado corrupto, ineficiente, opresor y antidemocrático, que ha sido consecuencia del desmantelamiento progresivo del Estado Democrático y la instalación inconstitucional, y contraria al espíritu nacional, de una dictadura, es pertinente hacer un balance de la situación actual de la nación.

 

Este balance lo hacemos en dos bloques interdependientes. La causa y los efectos del desastre. Los responsables y los dolientes. La causa principal de la actual crisis en todas sus dimensiones, es la instalación de un modelo de gobierno autoritario, el sistema, la dictadura. Los efectos, la consecuencia de este modelo dictatorial son las penurias que hoy sufre nuestro pueblo en lo económico, social y político. Es decir, los problemas que hoy sufrimos los venezolanos, la escasez, las colas, la inflación, la inseguridad, la impunidad, la injusticia y la pérdida de libertades no son consecuencias de factores externos, de una guerra económica ni mucho menos de la acción ciudadana. Los problemas, todos, tienen su origen en la falta de democracia y la asfixia de las libertades. Son el resultado de un Estado secuestrado por intereses políticos y económicos sectarios de una pequeña élite que manipula las instituciones, derogando por la vía de los hechos la Constitución, que se han colocado de origen y desempeño al margen de la Constitución y del interés nacional, lo que ha hecho a todos los poderes públicos asumir una condición de ilegitimidad. Ilegítimos de origen y de desempeño.

 

La legitimidad democrática, es decir, lo que diferencia la democracia de otro sistema, se reconoce al evaluar la legitimidad de origen y la legitimidad del desempeño de un sistema democrático.

 

La legitimidad de origen se refiere al hecho que haya sido el pueblo, que según lo establecido en la Constitución, haya electo a sus representantes. En este sentido las elecciones del 14 de abril del 2013, cuando fue proclamado presidente Nicolás Maduro, representa un capítulo cuestionado y no resuelto de la legitimidad de origen democrático. En primer lugar en enero del 2013 el TSJ emite una sentencia donde le permite, contrario a lo que establece la Constitución, ser vicepresidente encargado de la presidencia y a la vez candidato a la presidencia. En segundo lugar, los resultados electorales del 14 de abril, dejan una duda razonable sobre la validez de más de 200 mil votos impugnables que pudieron haber marcado una diferencia en el resultado final de las elecciones. A pesar de haber denunciado con pruebas prácticas irregulares de usurpación de identidad, doble o triple voto, y de violencia en los centros de votación que podían haber generado la anulación de suficientes votos para cambiar el resultado de la elección, nunca se hizo una auditoría completa de la congruencia entre los cuadernos electorales, los resultado de las máquinas de votación y las papeletas en las cajas. A pesar de que se solicitó esta auditoría, que Maduro la aceptó el mismo 14 de abril en la noche y de haber sido una solicitud expresa por parte de la UNASUR, esta auditoría nunca se llevó a cabo. Al no cerrar satisfactoriamente esta duda, para más de la mitad de los venezolanos, Maduro se robo las elecciones tal como lo denuncia la Mesa de la Unidad y Henrique Capriles en los días posteriores a la elección del 14 de abril.

 

Además de este severo cuestionamiento a la legitimidad electoral del triunfo de Maduro, semanas después de la elección surgieron evidencias que presuntamente cuestionan la nacionalidad venezolana de Maduro. Estos señalamientos indican que Nicolás Maduro es presuntamente de nacionalidad colombiana lo que le impediría por disposición constitucional ejercer la Presidencia de la República. Esta duda tampoco ha sido aclarada satisfactoriamente.

 

Sobre la legitimidad de origen de los otros poderes públicos podemos señalar el hecho de varias designaciones de personas abiertamente militantes del partido de gobierno, lo que también les impediría constitucionalmente ejercer la máxima responsabilidad de los Poderes Públicos. Además de este cuestionamiento, se suma el hecho que varios funcionarios que desempeñan los máximos cargos en los Poderes Públicos tienen sus períodos vencidos. Tal es el caso de la sub-contralora que lleva cuatro años ejerciendo el cargo de contralor de manera ilegal. Tres rectores del CNE con período vencido y once magistrados con los períodos vencidos. Esta situación ha sido recientemente reconocida por el régimen que ha anunciado la conformación de comisiones para proponer el reemplazo de estos funcionarios.

 

Sobre la legitimidad de desempeño democrático, del Estado venezolano, es decir el cabal cumplimiento de la Constitución, la autonomía de los Poderes Públicos, el Estado de Derecho, la garantía de libertades fundamentales, la no politización de la Fuerza Armada Nacional y el respeto de todos los derechos para todas las personas, podemos hacer un largo y detallado balance que concluye en la triste afirmación que en Venezuela se violan de manera sistemática y permanente todas las condiciones que hacen de un Estado un sistema democrático. Por limitaciones de espacio, nos referiremos a algunas de estas violaciones al sistema democrático.

 

El sistema de justicia compuesto por los tribunales, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, está altamente corrompido y secuestrado por la manipulación política. La mayoría de los jueces son provisorios, temporales o jueces suplentes que son removidos a conveniencia de los intereses políticos. Al no existir autonomía de los jueces y al no contar con estabilidad, las decisiones emitidas son altamente permeables a la manipulación política. La misma situación de provisionalidad está presente en la Fiscalía. Para muestra de esta situación, nuestro propio caso. Todos los fiscales que me acusan, son provisorios y la juez que estaba ejerciendo como suplente, fue recientemente removida y sustituida. Esta situación de inestabilidad ha sido denunciada de manera permanente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por distintas organizaciones no gubernamentales como una de las principales causas de la descomposición de la justicia en Venezuela.

 

Sobre el desempeño de los poderes que contempla el sistema de justicia, el resultado es lamentable. Hoy Venezuela es el país de los índices más altos de inseguridad en Suramérica. Apenas el 2% de los homicidios son resueltos por el MP. Año a año aumentan los homicidios, los secuestros y los delitos en general. A pesar de haber anunciado 14 planes de seguridad, cada año es más violento que el anterior. Durante el 2012 se registraron 21 mil homicidios, durante el 2013 más de 25 mil y para el 2014 se proyecta un aumento de esta cifra. Además del aumento de delitos, la creciente impunidad y el retraso procesal, la crisis penitenciaria, crisis prolongada y que empeora año a año con mayores niveles de hacinamiento y de homicidios dentro de las cárceles, cierran el ciclo de un sistema de seguridad y justicia disfuncional, corrupto y antidemocrático desde la ausencia de la prevención, la organización de la fuerza policial, el Ministerio Público, tribunales y sistema penitenciario. Sistema que sufre de permanentes violaciones a los derechos humanos a miles de venezolanos que, al entrar en contacto con la justicia venezolana, se encuentran con ineficiencias crónicas, alcabalas de corrupción y politización que impiden se haga justicia.

 

Ante estas violaciones permanentes de los derechos humanos, la institución que fue concebida por la Constitución del 99 para ser la voz de los oprimidos, la Defensoría del Pueblo, se ha convertido en una institución cómplice del poder que no ha tenido ni un solo caso de justicia ejemplarizante ante los abusos de poder y las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado venezolano.

 

Sobre la Contraloría General de la República, órgano encargado de velar por la sana y transparente gestión administrativa del Estado, también se ha convertido en un apéndice de la estructura política que ha tomado por asalto al Estado venezolano. Además de tener más de cuatro años ejerciendo ilegítimamente la responsabilidad de Contralor General ante la ausencia permanente de Clodosbaldo Russian, la Contraloría no ha efectuado una labor firme y transparente en contra de la corrupción.

 

Sobre casos de corrupción denunciados ante la Contraloría y ante la opinión pública podríamos elaborar una larga lista, pero con la intención de presentar la complicidad de la Contraloría con la corrupción, tomo como ejemplo el más grande defalco por corrupción en la historia de Venezuela. Ni en la época de Guzmán Blanco se había visto una estafa de la magnitud que fue el robo de más de 30 mil millones de dólares entregados por CADIVI a empresas fantasmas, empresas de maletín vinculadas con los altos jerarcas del partido del gobierno. Este caso es emblemático por la magnitud y el impacto directo que ha tenido en el bienestar del pueblo venezolano.

 

Durante el año 2013, varios funcionarios del Estado denunciaron la pérdida de decenas de miles de millones de dólares en asignaciones fraudulentas y empresas de maletín. El primer anuncio lo hizo la presidente del BCV Edmme Betancourt, luego el Ministro de Finanzas Jorge Giordani, lo siguió el Ministro de Interior y Justicia Miguel Rodriguez Torres y finalmente el presidente de PDVSA y Ministro de Economía Rafael Ramírez. Todos coincidieron en denunciar la estafa de 30 mil millones de dólares equivalente al 50% de los ingresos anuales por venta de petróleo o el 130% de las reservas internacionales de la República.

 

Se robaron 30 mil millones de dólares, con una cara dura y bajo la más absoluta impunidad denuncian este hecho y no ha pasado nada. Nadie es culpable, no se sabe dónde están los dólares, ni quién, ni por qué se autorizó la entrega de esos dólares a empresas fantasmas. La Contraloría no ha investigado. En declaraciones recientes la contralora dijo que en 2007 había denunciado que habían empresas de maletín pero no pasó nada. ¿Por qué no ha pasado nada? Porque esta estafa es el mejor ejemplo de la instalación de una verdadera estructura delictiva dentro del Estado venezolano, que desde el más alto nivel se ha enriquecido con los recursos de todos los venezolanos de manera impune. ¿Por qué no ha sido llevado ante la justicia Manuel Barroso, ex presidente de CADIVI? ¿Por qué Rafael Ramírez no le ha explicado al país que pasó con esos dólares que necesariamente pasaron por PDVSA? ¿Por qué Nelson Merentes como Presidente del Banco Central no le ha explicado a la justicia y al país el destino de una cantidad de dólares mayor a las reservas internacionales? La respuesta es clara: esos dólares fueron repartidos a una casta de “empresarios” que lejos de ser empresarios productivos, tenían la función de testaferros de los altos jerarcas del poder. Cada empresa que recibió dólares de manera irregular está vinculada a algún padrino que en su momento tramitó con una llamada o un acuerdo previo la aprobación de la entrega de dólares preferenciales sin cumplir con los debidos requisitos.

 

Abrir la caja negra de los dólares de CADIVI, es abrir una compleja red de tráfico de influencias, extorsión y abuso de poder que comprometería a buena parte de los altos jerarcas del poder oficial.

 

Este escándalo de corrupción es de tal magnitud que hoy el pueblo venezolano está pagando las consecuencias con escasez, inflación y con la destrucción del aparato productivo nacional que además de no recibir oportunamente los dólares para funcionar, sus actividades han sido sometidas a un modelo económico que ha sido una molienda de regulaciones, amenazas y corrupción que ha destruido la producción nacional.

 

Mucho más podríamos exponer sobre la magnitud y el impacto de hechos de corrupción que han contado como aliado indispensable con la complicidad de la Contraloría General de la República.

 

Sobre la ilegitimidad de desempeño del Poder Electoral, también hay mucha tela que cortar. La coacción política y la manipulación de procesos, leyes y toma de decisiones vienen de tiempo atrás. El primer elemento es el hecho público y notorio de que dos de las rectoras eran militantes inscritas en el partido de gobierno (PSUV) hasta horas antes de su designación, y que 4 de los 5 rectores han mostrado su abierta inclinación política hacia el oficialismo.

 

Falta de transparencia, contrataciones oscuras, permisividad de campañas abusivas y desequilibradas a favor del régimen, politización de la estructura técnica electoral, cambio de circuitos electorales a favor del oficialismo, y la negativa de haber hecho una auditoria de los cuadernos de votación el 14 de abril luego de las cuestionadas elecciones presidenciales configuran un cuadro muy negativo y antidemocrático del CNE como arbitro electoral.

Finalmente el desempeño de la Asamblea Nacional también ha sido contrario al espíritu constitucional y al desempeño democrático. Por nombrar algunos ejemplos, la AN haciendo uso de una ilegítima mayoría simple, aprobó el llamado plan de la patria como ley, siendo este documento una clara expresión de autoritarismo y violatorio de la Constitución como de manera clara y precisa fue denunciado por la Conferencia Episcopal Venezolana. Además de aprobar leyes contrarias a la Constitución el manejo de la Asamblea ha llegado al nivel de atropello democrático que a la fecha tres diputados de oposición, electos bajo la alianza de la Unidad Democrática, han sido removidos ilegalmente de su curul parlamentario. Tal es el caso de Nora Bracho, Richard Mardo y María Corina Machado.

 

Este breve diagnóstico de la legitimidad de origen y de desempeño de los Poderes Públicos en Venezuela nos lleva a concluir de que en Venezuela, no podemos hablar de la vigencia de un sistema democrático. En Venezuela no hay democracia, se ha instalado una dictadura del partido de Gobierno.

 

Además del pobre desempeño democrático de las instituciones del Estado hay algunas otras señales de la vocación antidemocrática del régimen que vale la pena señalar.

 

La pérdida de soberanía territorial y estratégica también representa una cara de la antidemocracia instalada en el Estado venezolano.

 

En primer lugar la pérdida de soberanía o el manejo irresponsable de la soberanía territorial. Sobre este tema resalta el caso de la virtual entrega del Esequibo a la República de Guyana por parte del gobierno de Maduro. Desde el año 2011 el gobierno de la República de Guyana ha actuado de manera hostil en contra de Venezuela. En septiembre del 2011 Guyana notifica a las Naciones Unidas un asunto unilateral de su plataforma continental en 300 millas marinas. Venezuela no fue notificada. Venezuela respondió pero evidentemente en términos complacientes ya que en septiembre del 2013 son publicados los mapas que dan cuenta de concesiones para la exploración y explotación petrolera que abarcan territorio Venezolano. En octubre del mismo año se identificó un buque con bandera panameña contratado por la empresa Anadarko, concesionaria de Guyana sobre aguas territoriales venezolanas. La respuesta diplomática y militar por parte del Estado venezolano no ha estado a la altura de la amenaza, lo que constituye un riesgo de volver a ceder territorio venezolano por negligencia del Estado como ocurrió durante los gobiernos de Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez.

 

El problema de la soberanía territorial también está presente en la frontera occidental con Colombia. Allí, la negligencia de las autoridades y la instalación de un sistema de intereses corruptos ha permitido el contrabando a gran escala y la presencia de organizaciones criminales y grupos irregulares que aterrorizan y mantienen sometido al pueblo de la frontera. Para ello han recurrido a prácticas delictivas como el secuestro, la vacuna generalizada y la penetración en el manejo de algunas instituciones del Estado, así como la presencia del narcotráfico en territorio venezolano.

 

La pérdida de soberanía en el ámbito estratégico se ha puesto de manifiesto con la presencia de representantes del régimen cubano en asuntos tan delicados y estratégicos como la política de importación de alimentos, el manejo de la inteligencia de Estado, y la conducción de asuntos militares. Una de las evidencias de la presencia cubana en el ámbito militar fue la reverencia a la bandera cubana en la instalación militar de Fuerte Paramacay del estado Carabobo.

 

Finalmente otro de los ámbitos donde se ha puesto en evidencia la vocación antidemocrática y contraria a la Constitución es en el manejo de la Fuerza Armada Nacional.

 

Según el art 338 de la Constitución “la Fuerza Armada constituye una institución esencialmente profesional sin militancia política… en el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso a persona o parcialidad política alguna”. Lamentablemente, los hechos muestran lo contrario. Es preocupante la progresiva penetración de la política en el seno de las Fuerza Armada Nacional. Es público y notorio la subordinación de la FAN a la parcialidad política que representa al oficialismo. Actos políticos donde el personal y en especial la oficialidad militar es obligada a subordinarse políticamente al partido de gobierno. Acosos militares condicionados por lealtad política y no por mérito como establece el art. 330 de la Constitución. La instalación de consignas políticas como parte de la organización cotidiana de la vida militar. Ascensos injustificados y a destiempo de cuadro políticos ajenos a la institución militar con la intención de fusionar cada vez más a la Fuerza Armada Nacional con el partido de gobierno (PSUV), al estilo y bajo el ejemplo del funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Cubana y el partido Comunista de Cuba.

 

Estas son algunas de las características del manejo antidemocrático e inconstitucional del Estado venezolano. Aclaratoria que es pertinente a nuestro caso ya que nuestro llamado a la salida del desastre, de la dictadura, está fundamentado en hecho concretos que ameritan la respuesta firme y patriota de todos los demócratas venezolanos.

 

Si bien las causas que nos llevan a afirmar que hoy en Venezuela no vivimos en democracia y que más bien estamos sometidos a una dictadura, han sido expuestas, sus efectos en la población no son sólo políticos. La causa, el origen de la crisis en Venezuela es la instalación de un sistema antidemocrático, corrupto, represor e ineficiente, los efectos son económicos, sociales y políticos que afectan a toda la población.

 

Como ha sido argumentado y demostrado empíricamente por visionarios como Amarty Sen, Roberto Unger y William Stanley entre muchos otros, no puede haber progreso, es decir bienestar, superación de la pobreza, si no hay libertad.

La libertad es un concepto indivisible, no puede haber libertades parciales. Sin libertad de expresión, no puede haber libertad sindical, sin libertad sindical no puede haber libertad a la protesta y así sucesivamente.

 

El bienestar democrático es la convivencia de políticas públicas acertadas y eficientes con la garantía de libertades para los ciudadanos. La democracia social como se desprende del texto constitucional es la conquista de todos los derechos para todos los venezolanos sin que nadie quede excluido.

 

Los efectos de un sistema corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático tocan la vida de todos los venezolanos, con la excepción de la pequeña élite gobernante.

 

Los efectos de la Dictadura.

El colapso económico. Hoy en Venezuela estamos viviendo una crisis económica por la instalación de un modelo económico fracasado que el régimen insiste en mantener. Controles de precios insostenibles, regulaciones exageradas, expropiaciones, ausencia de seguridad jurídica, adicción a las importaciones y la destrucción progresiva del aparato productivo nacional son las características de un modelo económico, que a pesar de estar viviendo el ciclo de mayor bonanza petrolera en 100 años, ha generado los niveles más altos de inflación en América Latina: 56% en el 2013 y proyecciones del 80% para el 2014. La escasez más alta del continente, que se aproxima al 30%, manifiesta todos los días en todas partes con largas colas para adquirir productos básicos. Un endeudamiento exagerado y poco transparente ante la nación. El colapso de la industria petrolera que ha perdido la capacidad de producción en más de 700 mbd de crudos convencionales desde el 2008, la mayor tasa de accidentes laborales y ambientales y un aumento de la deuda de PDVSA de 2.900 millones de dólares a 50.000 millones de dólares (entre el 2006 al 2013). Son todos efectos, consecuencias de la aplicación de un sistema antidemocrático y contrario a la Constitución.

 

La consecuencia del sistema antidemocrático es que en Venezuela tenemos un sistema de educación que no educa, de salud que no sana al enfermo, de seguridad social que no ampara al desprotegido, de justicia que no es justo, de seguridad ciudadana que no protege y de defensa que no defiende la soberanía.

 

Es ante este colapso de la democracia, ante el secuestro de las instituciones democráticas y ante la instalación progresiva de una dictadura que nosotros nos hemos pronunciado a favor de la conquista de la democracia.

 

Siendo ésta la tercera acusación del Ministerio Público en mi contra, el llamado a la calle para activar las opciones constitucionales que permiten por la vía de la iniciativa popular, era necesario exponer de forma detallada y esquemática las razones que nos han llevado a afirmar que en Venezuela no vivimos bajo un régimen democrático.

 

Ante la conclusión de que en Venezuela no vivimos en democracia, y atendiendo nuestra responsabilidad patriota, demócrata y nacionalista, hemos hecho una propuesta concreta para articular por el camino popular, democrático y constitucional una salida a la crisis, una salida de la dictadura. Esta propuesta la hemos denominado “La Salida”.

 

Como está claramente evidenciado en todos los videos y las pruebas consignadas por el Ministerio Público, la propuesta que le hemos hecho al pueblo venezolano, y por la cual hoy estoy preso en Ramo Verde y sujeto a un juicio político, es concreta, popular y está enmarcada en la Constitución.

 

Tomando en consideración el avance progresivo de la instalación de una dictadura en Venezuela hemos hecho un llamado a protestar de forma no violenta en las calles. La intención es activar alguna de las cuatro opciones constitucionales que por la vía de la iniciativa popular pueden activar el cambio político para la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela.

 

La Constitución vigente contempla como opciones para lograr un cambio político:

  1. a) La renuncia del Presidente de la República. Art. 233 de la CRBV.
  2. b) La Reforma o Enmienda con la intención de disminuir, acortar, el período constitucional vigente y proceder a una sustitución de los responsables de los poderes públicos tal y como contempla la Constitución. Art. 340, 341, 342 de la CRBV.
  3. c) La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con la intención de transformar al Estado y restituir la democracia y la libertad en Venezuela. Art. 347 y 348 de la CRBV.

 

Todas las presentaciones públicas y privadas que hemos hecho sobre la salida de la dictadura, las hemos fundamentado en la activación de la protesta popular como el común denominador para lograr la organización popular y la masa crítica que permita materializar el cambio político al que aspira la mayoría de los venezolanos (más del 60% según distintos sondeos de opinión). Un cambio que se puede materializar mediante la activación por iniciativa popular de una de las opciones que contempla la Constitución para producir el cambio político necesario para Venezuela.

 

La calle, la protesta popular que ha sido criminalizada por el aparato del Estado que ha utilizado todo su poder económico, diplomático, de represión y comunicacional para descalificar esta iniciativa de protesta y a quienes protestan como terroristas que amparan un plan fascista para Venezuela. Nada más alejado de la realidad de nuestro llamado, de nuestra propuesta.

 

De tal manera, queda claro que nuestra propuesta de La Salida no se trata de un llamado a la insurrección violenta o a un golpe de estado que como relata nuestra propia historia, sólo podrían dar los militares. Nuestra propuesta es entonces la convocatoria a una protesta nacional en la calle, basada en el sagrado concepto de la autodeterminación de los pueblos y respaldada por la Constitución, que permita la materialización de un cambio político como la salida a la profunda crisis que hoy vivimos en Venezuela.

 

En este contexto asumo plenamente mi responsabilidad de haber convocado a la protesta, a la calle, con la intención de salir a conquistar la democracia y la libertad para todos los venezolanos.

 

Es importante destacar que nuestra propuesta no es un cambio vacío de contenido, no es un salto al vacío como ha pretendido señalar el Ministerio Público, como interlocutores de la dictadura, en su acusación en mi contra. Nuestra propuesta es salir de la dictadura, del sistema corrupto ineficiente y antidemocrático que actualmente tenemos en Venezuela, para que una vez conquistado el cambio político podamos construir juntos el camino hacia una democracia vigorosa, incluyente, garante de la libertad para todos, que se materialice en la aspiración colectiva de que todos los derechos sean una realidad para todas las personas. Una verdadera democracia social centrada en cada venezolano y en la materialización de todos y cada uno de los derechos que son consagrados en la Constitución.

 

Para lograr este paso de la dictadura a la democracia, impulsado por la iniciativa popular y la aplicación de la Constitución, es necesaria la transformación del Estado en tres dimensiones.

 

La primera es contar con un gobierno y un Estado eficiente que pueda hacer de los derechos una realidad: una educación que eduque, un sistema de salud que sane al enfermo, un sistema de seguridad social que ampare al desamparado, un sistema económico que produzca empleos y prosperidad, un sistema de seguridad ciudadana que proteja y brinde seguridad para todos.

 

La segunda es un sistema de justicia que sea realmente justo. Que evite que alguien quede por fuera en la materialización de sus derechos. Que todos los venezolanos seamos iguales ante la ley.

 

Y la tercera es la conciencia activa, permanentemente activa, de cada venezolano en función de la defensa y la conquista de sus derechos.

 

Sí es posible una mejor Venezuela, mucho mejor que la que hoy tenemos, pero ese país que deseamos no va a llegar solo. Es imprescindible que cada venezolano asuma su responsabilidad ante la presente situación de crisis generalizada y se convierta en un factor activo y permanente en la construcción del camino que nos sacará de la dictadura y nos permita conquistar la libertad y la Democracia.

 

Todas las opciones que proponemos como salidas constitucionales a la crisis política, de legitimidad democrática, social y económica, deben ser activadas por la vía de la iniciativa popular. Esto quiere decir que una de las responsabilidades que debe asumir este movimiento de lucha no violenta es la organización del apoyo popular para el respaldo de alguna de las alternativas, reforma, enmienda o convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en el mandato de sustituir los poderes constituidos que han sido secuestrados.

 

No sólo son propuestas activadas por iniciativa popular, sino que todos conducen a un proceso de legitimación electoral.

 

Así como todas las vías constitucionales a la salida de la crisis tienen que contar con un movimiento de calle activo, todas también conducen a un proceso de legitimación electoral.

 

Un proceso de cambio político como el que estamos proponiendo, de abajo hacia arriba, partiendo de la gente, del ciudadano común, del pueblo, no es un proceso sencillo, pero no sólo es posible sino que los caminos están claramente delimitados en la Constitución. Nuestra propuesta para el cambio político, la salida de la dictadura comienza y termina en el ejercicio de soberanía del pueblo venezolano.

 

Asumir la calle como el terreno de nuestra lucha es un derecho que tenemos los venezolanos. Desde que la historia es historia y los pueblos son pueblos, ante la opresión los pueblos han alzado su voz. En democracia es precisamente la idea de que es el pueblo quien define sus autoridades.

 

El derecho a la protesta es parte de la esencia de una democracia sino hay derecho a la libre expresión y a la protesta no se puede materializar la alternatividad en el poder. En Venezuela la protesta es un derecho garantizado constitucionalmente. En el art 68 de la CRBV queda claro que no hay limitaciones a la protesta pacífica y no violenta.

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A partir del 12 de Febrero el régimen ha recrudecido su política de criminalización de la protesta. Como indica Marino Alvarado de Provea, “No se puede decir es sólo una estrategia del gobierno, es una política de estado porque se utiliza toda la estructura judicial y política para criminalizar la protesta”

 

Hasta el 28 de abril, el estado/régimen ha detenido a 2.500 personas de las cuales 1.406 se mantienen con medidas cautelares y 106 han sido privados de libertad. Este balance representa la cara de la represión judicial que acompañada de la represión policial y de los grupos armados del régimen configuran un aparato sofisticado de represión social.

 

Según Liliana Ortega de COFAVIC la situación que se ha vivido en Venezuela a partir del 12F es parecida a lo que fue el Caracazo en 1989. “La misma respuesta que tuve el gobierno de Carlos Andrés Pérez con respecto al Caracazo la ha tenido el gobierno de Maduro con los manifestantes. Se ha criminalizado a las víctimas, se han desconocido violaciones graves a los derechos humanos y se han minimizado los hechos de las protestas”.

 

Ante el arrojo del pueblo a la calle y la consolidación de un sentimiento de cambio que exprese en un mismo movimiento las distintas razones que ha generado la indignación de millones, la respuesta del régimen ha sido querer imponer un toque de queda por la vía de una sentencia acomodaticia y antidemocrática del TSJ. Es nuestro derecho, el derecho del pueblo venezolano el desconocimiento de esa sentencia ilegal y antidemocrática. Si bien, esa sentencia es otra expresión autoritaria, también representa un signo positivo ya que, históricamente, es cuando los regímenes se ven acorralados que recurren a herramientas como la pretensión de prohibir manifestaciones pacíficas por la vía del decreto. Fue ese el gran error del imperio británico ante el padre de la lucha No-Violenta en tiempos actuales, Mahatma Ghandi.

 

La cuarta acusación del Ministerio Público representa la pretensión del régimen de no limitar su acusación en mi contra, pretende ampliar esta acusación a nuestra organización Voluntad Popular.

 

Nuestro partido Voluntad Popular ha sido víctima de una persecusión permanente y a todo nivel de nuestra dirigencia. Allanamiento a nuestra sede nacional, allanamientos a sedes regionales, detención de más de 100 activistas, orden de captura en contra de dirigentes nacionales Antonio Rivero y de nuestro Coordinador Político Nacional, Carlos Vecchio, el encarcelamiento de nuestro alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y mi propio encarcelamiento.. Es evidente la persecusión sistemática a Voluntad Popular.

 

Es pertinente señalar que Voluntad Popular ha sido el único partido que ha ido a unas elecciones de base para escoger a las autoridades parroquiales, municipales, regionales y nacionales de la organización política. Voluntad Popular es una organización de pensamiento social demócrata vinculada a la familia de la Internacional Socialista. Nos organizamos en Redes Populares, equipos democraticamente electos y movimientos sociales.

 

Ante la situación actual de crisis profunda por la que esta pasando el país y luego de varias jornadas de deliberación a nivel regional y nacional, el partido Voluntad Popular decidió democráticamente asumir la propuesta de La Salida como ruta organizadora y política para enfrentar la realidad impuesta por la dictadura de Nicolás Maduro.

 

Ante los hechos ocurridos a partir del 2 de febrero, el acoso permanente por distintas instancias y a todo nivel ha sido una política de estado.

 

El último episodio de esta persecución a nivel judicial fue la solicitud hecha por el colectivo político Tupamaro, organización con un público y notorio expediente violento, ante el TSJ para ilegalizar a Voluntad Popular. El recurso fue entregado a Francisco Carrasquero como ponente.

 

A todos los que están leyendo este escrito les ratifico lo aquí expuesto.

 

Ante las acusaciones hechas en mi contra por el Ministerio Público de:

Haber hecho llamados a la violencia

Haber denunciado al Estado y al Gobierno de corrupto, ineficiente y antidemocrático

Haber hecho un llamado a salir a la calle a ejercer el derecho de la protesta para conquistar la democracia en Venezuela

Vincular a presuntas organizaciones y personas como parte de una estructura delictiva con un plan criminal

Rechazo de forma categórica que hayamos hecho antes, durante y después del 12 de febrero un llamado a la violencia.

 

Asumo mi responsabilidad de haber denunciado al gobierno y al estado venezolano

de corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático.

 

Asumo mi responsabilidad de haber hecho un llamado a la calle a protestar de manera No-Violenta.

 

Asumo mi responsabilidad en haber hecho un llamado a consolidar una ruta hacia el cambio político y constitucional de la estructura del Estado venezolano.

 

Antes las acusaciones del Ministerio Público de haber cometido los delitos de daños, incendio, instigación y asociación para delinquir, me declaro inocente.

 

Soy inocente de los delitos que me imputan y responsable de haber llamado a la protesta como impulso para el cambio político en Venezuela.

 

Entrego este testimonio de mi puño y letra y reitero mi denuncia de haber sido impedido en mi derecho a participar en todas las fases del proceso y que hayan sido escuchado mis argumentos de Defensa.

 

En mi condición de preso político, preso de consciencia.

Justicia para todos los presos políticos y perseguidos políticos.

Fuerza y fe!

Leopoldo López Mendoza

Cárcel de Ramo Verde, 29 de abril de 2014


Juntos por la libertad