Foto: Víctor Radovanovich, Univisión

ALBOR RODRIGUEZ, UNIVISION I 27 de Junio de 2017

Luis Rafael Colmenares fue arrestado el 11 de febrero de 2015 por su supuesta participación en un intento de magnicidio. El muchacho, de 30 años y técnico superior en ciencias fiscales, trabajaba como cajero en un banco. Fue involucrado en un presunto plan que las autoridades denominaron el “Golpe Azul”, junto a cinco militares de la Aviación y dos civiles más: un carpintero y un taxista.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Luis Rafael sería, nada más y nada menos, que el piloto de uno de los aviones Tucano con los que el grupo atentaría contra el gabinete ministerial, el alto mando militar y el presidente de la República.

El grupo de civiles —el cajero de banco, el carpintero y el taxista— fue sentenciado a cinco años de cárcel tras 95 audiencias –36 de ellas diferidas, lo que se considera una irregularidad procesal– y a pesar de que sus abogados rebatieron cada una de las pruebas en su contra. Tras la condena, por instigación a la rebelión, los trasladaron a una cárcel de presos comunes ubicada a más de 600 kilómetros de su casa. El tribunal no ha abierto la posibilidad de una apelación.

La mayoría de los presos políticos en Venezuela son ciudadanos comunes, como Luis Rafael Colmenares: cajeros de banco, amas de casa, reposteras, administradores, estudiantes.

En el año 2013, cuando Maduro asumió el poder, había 13 presos políticos en Venezuela. Cuatro años más tarde, son más de tres centenares.

Hasta el 13 de junio de este año, la ong Foro Penal Venezolano había contabilizado a 319 ciudadanos privados de libertad en Venezuela por cargos como terrorismo, rebelión, instigación al odio, ultraje a un centinela, entre tantos otros. De ellos, solo 12 son políticos y 32 son militares. De los que restan, 104 son estudiantes, los grandes protagonistas de las últimas manifestaciones opositoras, y los demás son gente corriente. La suerte de quienes conforman este último grupo es conocida apenas por las organizaciones de derechos humanos y por sus familias, cuyas vidas dieron un trágico giro de un momento a otro.

La cifra de presos políticos sube y baja a cada tanto, entran y salen de la cárcel, por toda clase de motivos: desde protestar hasta publicar algo en Twitter contra algún funcionario. A esto se ha sumado un nuevo patrón: el de personas detenidas sacándolas violentamente de sus casas, ubicadas en la cercanía de donde ocurren las manifestaciones que desde hace más de 80 días sacuden el país.

Palabra de “delator”

Algunos de estos procesos, las acusaciones de la Fiscalía se basan en testimonios de “patriotas cooperantes”, que es como el gobierno llama a sus informantes.

En el caso de Luis Rafael Colmenares, el “delator” fue un vecino, a quien conocía desde niño, que lo invitó a una reunión en el salón de fiestas de su edificio. En esa reunión, a la vista de todos, se supone que se organizó el plan desestabilizador.

Otro “patriota cooperante” selló el destino de Andrea González, de 31 años, detenida el 17 de agosto de 2015 por estar presuntamente implicada en la planificación de un atentado contra Daniela Cabello, hija del diputado Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del partido de gobierno.

González se dedicaba a la repostería. Era vecina y amiga de Liana Hergueta, una mujer de 53 años que apareció descuartizada en una urbanización de Caracas, 10 días antes de su detención. El asesino confeso de su vecina fue José Pérez Venta, un informante del gobierno infiltrado en el movimiento opositor, por cuyo testimonio están presas no menos de ocho personas.

La palabra de este homicida es la única prueba presentada hasta ahora contra Andrea González. Según su testimonio, ella lo habría contratado para ejecutar el plan de asesinar a la hija de Cabello. Tareck El Aissami, actual vicepresidente de la República y gobernador en aquel entonces, mostró a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) un video del supuesto interrogatorio al que fue sometido Pérez Venta, donde incriminaba a Andrea González, dando por hecho que su versión era cierta, sin investigación previa.

La joven no ha sido enjuiciada y desde hace casi dos años está detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); el mismo sitio de reclusión de su delator, quien sí debería purgar su crimen en una cárcel común.

Civiles frente a la justicia militar

Katiuska Salón, de 19 años, residenciada en la ciudad de Barquisimeto, padece de diabetes tipo I. El 4 de mayo pasado estaba en busca de sus medicamentos cuando un grupo de mujeres simpatizantes del gobierno la golpearon y se la entregaron a unos guardias nacionales, a quienes les decían: “¡Aquí está una, aquí está una!”, refiriéndose a los manifestantes que protestaban a tres cuadras de la farmacia.

Tres días después de su detención la llevaron a una audiencia en un tribunal militar, donde le impusieron medida privativa de libertad por los delitos de agresión y ultraje al centinela. Su salud se fue en picada los 23 días que estuvo en cautiverio, hasta que le concedieron una medida humanitaria para que pueda permanecer en su casa mientras se decide su futuro.

Como Salón, cientos de civiles están siendo procesados por la justicia militar en Venezuela, ante la negativa del Ministerio Público de imputar a manifestantes detenidos en forma arbitraria o sometidos a torturas. Para justificar esta maniobra, el chavismo imputa delitos militares a los ciudadanos.

“Del número de ciudadanos civiles arrestados, desde el 1 de abril, 363 han sido presentados ante la justicia militar (…), lo cual se traduce en una clara violación al derecho al juez natural y al debido proceso, y también en una violación a tratados internacionales en Derechos Humanos”, indica el reporte del FPV.

La nueva oleada de detenciones

La mayor oleada de detenciones por razones políticas está teniendo lugar ahora mismo, en el marco de las protestas opositoras que comenzaron en abril y que han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Los abogados y defensores activos del FPV asisten legalmente a los detenidos y a sus familiares, y llevan la amarga contabilidad de la represión. De acuerdo a su último reporte, solo entre abril y mayo de 2017 se produjeron 2,990 arrestos.

Para ponderar cuántos de esos detenidos pueden considerarse presos políticos, la organización toma en cuenta dos premisas: que surja la decisión formal de un tribunal que ordene la privación de libertad o que se venza el plazo legal de 48 horas, a partir de la detención, sin que se libere a la persona o esta sea presentada ante la autoridad judicial competente. Luego de sus confirmaciones, elaboran un listado.

La nueva oleada de detenciones ha tenido un signo más masivo e indiferenciado. “No se determina la responsabilidad penal de cada persona, ni un nexo de causalidad entre una acción y un resultado. A todos se les imputan los mismos delitos”, dice la abogada Tamara Bechar, de la red de asistencia jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas.

Para Bechar es como es como si lanzaran una red a ver quién cae. “ Muchas veces caen personas que ni siquiera estaban protestando; aunque si estuvieran haciéndolo, tampoco es un delito”. O como dice Alfredo Romero: “Detienen, por ejemplo, al que puede correr menos o al que está más cerca”. Es así como se disparó el número de presos políticos en los últimos dos meses y medio.

Para los defensores de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las irregularidades contra el debido proceso buscan intimidar a quienes protestan. Y lo han logrado parcialmente. Las manifestaciones opositoras no han cesado, pero sí se observa una disminución en estados severamente castigados como Carabobo y Barinas. En este último fue donde nació Hugo Chávez.

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