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R. Krygier y J. Partlow – The Washington Post I 26 de junio de 2017, El Clarin

La sede del servicio de inteligencia venezolano es un enorme edificio de forma piramidal conocido como el Helicoide, un antiguo centro comercial que ahora funciona como centro de interrogatorios para presos políticos y manifestantes. El estudiante de economía de 30 años había oído hablar lo suficiente sobre el infame edificio como para estar aterrado mientras lo llevaban a una celda húmeda y oscura a comienzos de abril. Tenía los ojos vendados y las muñecas atadas con los cordones de sus zapatos. “Vas a morir aquí”, le dijo un guardia, recordaba más tarde.

El estudiante había sido detenido después de lanzar piedras en una protesta. Durante las doce horas que pasó en el Helicoide, contó, los guardias lo apalearon en el torso, le dieron descargas eléctricas y encendieron en su celda un polvo con efectos lacrimógenos, lo que lo obligó a apretar la cara contra el piso de hormigón para escapar a los vapores.

En las últimas diez semanas de protestas en Venezuela, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 3.200 personas, más de un tercio de las cuales siguen encarceladas, según el Foro Penal, un grupo de ayuda legal. Las denuncias de maltrato durante los arrestos y la detención aumentaron exponencialmente, según las agrupaciones de derechos humanos. Todo surge cuando el gobierno deriva a los manifestantes para que sean juzgados por tribunales militares, donde pueden ser acusados de cargos de traición y rebelión que conllevan condenas largas.

La feroz represión de las manifestaciones por parte del gobierno, junto con sus esfuerzos para disolver el Parlamento y modificar la Constitución, ha recibido la condena internacional y encendió un debate sobre si Venezuela se está convirtiendo en una dictadura. “Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, y lo que tenemos aquí es un país que, de hecho, ha dejado de ser una democracia funcional, y eso es algo tremendamente peligroso para la región”, dijo en mayo el canciller mexicano Luis Videgaray.

En los últimos dos meses han sido detenidas tantas personas durante las manifestaciones contra el gobierno como durante todo 2014, un año de intensas protestas en Venezuela, señaló Nizar El Fakih, director de la organización de derechos humanos Proiuris. Algunos manifestantes dicen haber sido detenidos por fuerzas de seguridad que los maltrataron y los mantuvieron encerrados en centros de detención atestados de prisioneros. El peor tratamiento al parecer es infligido por el servicio de inteligencia y los militares, cuyos presos han soportado golpizas habituales y a veces otras formas de maltrato físico y sexual, según entrevistas a ex detenidos, abogados y defensores de los derechos humanos. Si bien las fuerzas de seguridad han sido acusadas de usar fuerza excesiva en el pasado, el aumento de estas acusaciones alarma a los grupos de derechos humanos.

“Hemos notado un fuerte aumento en el número de casos de tortura y tratamiento inhumano y cruel”, dijo El Fakih, destacando que no hay cifras definitivas. “Puedo decir que el aumento ha sido exponencial”.

El despacho del presidente Nicolás Maduro –así como la Guardia Nacional, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior- no respondió repetidos pedidos de declaraciones sobre estos cargos. Pero el gobierno defiende públicamente sus acciones contra los manifestantes y reitera su compromiso con los derechos humanos.

“La Guardia Nacional y la Policía Nacional han hecho un esfuerzo heroico y lo deben seguir haciendo, sin armas de fuego, sin escopetas de perdigones, están prohibidos. Con agua y el ‘gasecito’ lacrimógeno está permitido solamente”, dijo Maduro en televisión la semana pasada.

La agitación actual se inició con marchas pacíficas contra lo que los manifestantes denominan un gobierno cada vez más autoritario y por la aguda crisis económica. Pero las manifestaciones se han transformado en caóticas batallas callejeras entre manifestantes que arrojan piedras y cócteles molotov y la Guardia Nacional y la policía, que usan camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma. Por lo menos 70 personas han muerto y más de 1.300 resultaron heridas en las manifestaciones.

El estudiante de Economía, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que, durante su detención en el Helicoide, agentes de inteligencia le preguntaron si trabajaba para los partidos opositores y revisaron sus cuentas en las redes sociales.

En un momento, después de que le aplicaron tres descargas de una pistola paralizante, rogó que le prestaran un celular para llamar a su madre, relató el estudiante. “¿Crees que estás en Disneylandia?” recuerda que se mofó un guardia.

El estudiante luego fue llevado a una comisaría del centro de Caracas, donde pasó 29 días esposado a otro detenido antes de ser liberado bajo cargos de alteración del orden público.

El único maltrato físico grave que sufrió, según dijo, ocurrió en el Helicoide, edificio que aparece mencionado repetidas veces en las acusaciones de maltrato de los manifestantes.

El relato del estudiante y los de otros ex detenidos entrevistados para esta nota no pudieron ser confirmados de manera independiente. Pero tienen características similares a otros testimonios reunidos por los grupos de derechos humanos.

El gobierno de Maduro dice que las manifestaciones callejeras tienen por objeto derrocar a su gobierno. Las autoridades han empezado a enviar a los manifestantes a tribunales militares.

Más de 300 enfrentan cargos como rebelión contra el Estado, que conllevan condenas de décadas de cárcel. Este cambio se produce en momentos en que la fiscal general Luisa Ortega Díaz ha hecho escuchar sus críticas al gobierno de Maduro.

“Esta es una forma de eludir a la fiscal general cuando ella ha empezado a señalar que las fuerzas de seguridad cometen abusos”, dijo Tamara Taraciuk Broner, investigadora senior de Human Rights Watch (HRW) para América.

El gobierno da a conocer poca información sobre las personas detenidas y las familias a menudo no saben nada de su situación. Muchos de los detenidos dicen no haber participado en actos de violencia. A comienzos de mayo, dos miembros de la Guardia Nacional rodearon a Ana Rosa Cisneros, madre soltera de 41 años, en el momento en que salía de una farmacia próxima a una de las protestas, contó la mujer. “Quedé atrapada en medio de gases lacrimógenos y balas de goma. Ni siquiera estaba protestando”, dijo. “Me pegaron, me tiraron del pelo, me arrastraron a un auto y me insultaron”.

Cisneros, que trabaja en un restaurante italiano de Caracas, pasó 16 días en un centro de la Guardia Nacional en una pequeña habitación con siete hombres, reveló. Fue acusada de asociación ilícita y debe presentarse ante un juzgado una vez por mes.

Human Rights Watch (HRW) documentó en mayo un caso de la ciudad de Valencia en el que cuarenta personas fueron detenidas cerca de una empresa de alimentos que había sido saqueada el día anterior y llevadas ante un juez militar bajo cargos de rebelión. Durante la audiencia, algunos mostraron moretones y dijeron haber sido golpeados por miembros de la Guardia Nacional con varas de aluminio y bates de béisbol.

“Al menos quince personas dijeron haber sido obligadas a comer pastas con excrementos humanos. Los oficiales les habrían puesto polvo de gas lacrimógeno en la nariz para que se vieran obligadas a abrir la boca para comer”, decía el informe de HRW.

Los detenidos informan que las cárceles son lúgubres y que los presos duermen sobre pisos sucios de hormigón y a veces defecan en bolsas de plástico. Una joven arrestada cuando iba a una protesta, Yusneimi López, estaba tan desesperada por las condiciones de encierro que trató de tirarse por la ventana de un juzgado durante una audiencia, según Gonzalo Himiob, que asistió a la audiencia y trabaja para Foro Penal.

Una mujer detenida con López, Yajaira Braque, reveló que ésta le había dicho aquel día que el tiempo pasado en la cárcel había sido tan terrible que, si era condenada y enviada de regreso allí, “se suicidaría”

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