Cinco diputados venezolanos siguen presos sin debido proceso

Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero están presos sin que el Estado pruebe que cometieron algún delito. Este es el caso de los diputados de la Asamblea Nacional Juan Requesens, Gilber Caro, Renzo Prieto, Ismael León y Antonio Geara.

El diferimiento de las audiencias sin justificación y la negativa de los cuerpos de seguridad a hacer los traslados a tribunales son algunas de las razones por las que estos políticos siguen en una especie de limbo jurídico.

La directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, afirma que hay un común denominador en todos los casos: la violación de la inmunidad parlamentaria y la ausencia absoluta del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución.

“La tesis que usa el Tribunal Supremo de Justicia para justificar el enjuiciamiento de diputados, violando su inmunidad parlamentaria, sin seguir el procedimiento de antejuicio de mérito, se basa en la flagrancia. Equiparan el delito cometido en flagrancia con el delito continuado para justificar la ausencia de procedimientos”, explica.

Sin embargo, la flagrancia tampoco justificaría su reclusión en una calabozo o recinto penitenciario, aclara Louza. El texto constitucional señala claramente que cuando el diputado es capturado cometiendo un delito la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ.

Suplentes sin inmunidad

El máximo tribunal desconoce la inmunidad de los diputados suplentes. En la sentencia de Gilber Caro de 2017 los magistrados argumentan que no es necesario allanar la inmunidad parlamentaria porque los suplentes no gozan de esta protección, lo que sentó un precedente que se aplicó en el resto de los casos, según Louza.

La Constitución, en el artículo 200, establece esta prerrogativa para todos los legisladores sin distinción.

En el caso de los diputados principales se allana la inmunidad de forma exprés vía Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Otro patrón que identifica la abogada es la imputación de delitos relacionados con el crimen organizado como la asociación para delinquir o el financiamiento al terrorismo.

Esto motivado a que el Código Orgánico Procesal Penal establece que el juez puede decretar privativa de libertad para el imputado o imputada si se trata de un hecho punible que merezca una pena de privativa de libertad.

Otras excepciones son si existen elementos para estimar que el imputado o imputada es autor o partícipe del hecho o si hay una presunción de peligro de fuga o de obstaculización de la investigación.

Las violaciones más comunes al debido proceso que registra Acceso a la Justicia son: detención arbitraria, desaparición forzosa, incomunicación, ausencia de juicio, prohibición de acceso al expediente del caso, violación del derecho a la defensa; suspensión continua de audiencias, entre otras.

“No hay un solo procedimiento que se cumpla, según lo que establece la Constitución, esto es lo que los abogados llamamos vías de hecho”, cuestiona Louza.

Renzo Prieto

“No tenemos ninguna comunicación con mi hermano desde que lo secuestraron”, denuncia vía telefónica Omar Prieto.

Extraoficialmente, la familia maneja que el diputado no tiene acceso regular a alimentos, a agua ni a luz solar. “La situación de mi hermano es muy precaria, está en una celda de 2 metros por 2 metros con varios reclusos, nos han dicho que duerme en el suelo. No le dan ningún tipo de alimento ni agua que es lo más esencial”, expresa.

A los padres del dirigente político les preocupa su salud, no solo por la pandemia de COVID-19 que afecta el país sino por una lesión en la espalda que le aqueja y que requiere operación.

El familiar asegura que a Prieto tampoco lo dejan comunicarse con su abogado y pide a los organismos internacionales presionar por la liberación de su hermano.

“Se mueve cielo y tierra para llevarle los alimentos y ni siquiera sabemos si esa comida llega a sus manos, tampoco está tomando los medicamentos para el dolor. Es injusto que esté preso, es inocente, pero el gobierno lo que hace es silenciar a los líderes políticos de esa manera”, rechaza.

La diputada de la Asamblea Nacional y presidenta de la subcomisión de derechos humanos, Adriana Pichardo, alerta que Prieto “estuvo muchos días esposado y sin comer” y que se le permitió recibir sol por primera vez, después de cuatro meses, este miércoles 15 de julio.

Los delitos que se le imputan son financiamiento al terrorismo y promoción del odio y está recluido en una sede de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes), ubicada en La Quebradita, Caracas.

Gilber Caro

La familia de Gilber Caro no lo ve desde hace tres semanas, según el registro que lleva la diputada Pichardo. Los funcionarios han permitido algunas visitas de su madre y hermana.

“Tiene hipertensión y estando preso le han surgido varias infecciones estomacales, suponemos que es por el agua y los alimentos que le dan”, expresa Pichardo.

Es la tercera vez que es detenido en tres años por el gobierno de Nicolás Maduro. Estuvo 19 días desaparecido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la policía nacional. Los delitos que se le imputan son traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Está recluido en una sede de las Faes en Caricuao, en Caracas.

Juan Requesens

Es el parlamentario con más días en prisión. Es acusado de participar en el plan para atentar con drones explosivos contra el gobernante Nicolás Maduro durante un acto político en la avenida Bolívar.

Fue detenido sin una orden judicial, incomunicado casi tres días y ha sido sometido a tratos crueles, según defensores de derechos humanos, su familia y sus abogados.

Su defensa sostiene que el video que promueve la fiscalía para inculparlo fue grabado bajo coacción.

La prensa filtró un video, el 10 de agosto de 2018, en el que se ve a Requesens en ropa interior aparentemente manchada de heces y sin pronunciar palabra, en un estado de confusión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar de protección a su favor. El organismo solicitó al Gobierno de Maduro “se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, a la vida e integridad personal en el contexto de privación de libertad en el que se encuentra, asegurando que no sea objeto de actos de violencia en su contra”.

El diputado es paciente bariátrico y se encuentra privado de libertad en el Sebin del Helicoide.

Antonio Geara

La familia del diputado Antonio Geara tiene acceso a la visita dos veces por semana, confirma su hermano José Geara.

El político está recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

No obstante, el legislador “psicológicamente está afectadísimo”, expresa José Gaera, motivo por el cual han solicitado se le otorgue casa por cárcel, solicitud que no ha sido negada por las autoridades. También tiene una afección en una de sus rodillas.

“Le sembraron armamento, le sembraron explosivos. Lo acusan de tenencia de armas y mi hermano en su vida ha agarrado un arma. Los primeros 45 días el fiscal no se presentó y correspondía por ley que le dieran libertad plena, pero esto no pasó. Hasta el mismo Sebin sabe que esto es un problema político y que es inocente”, manifiesta.

A Antonio Geara lo enjuició un tribunal de control de primera instancia porque el TSJ no reconoce su inmunidad parlamentaria por ser suplente, advierte Acceso a la Justicia.

Los delitos que le imputan son: detentación de artefactos explosivos, tráfico de armas de guerra y municiones, financiación del terrorismo y legitimación de capitales.

Ismael León

El diputado Ismael León cumple arresto domiciliario. Fue recluido en una sede del Sebin de El Helicoide dos días y luego le otorgaron casa por cárcel porque es hipertenso crónico y cardiópata.

Su detención se ejecutó sin una orden judicial como en los casos anteriores. Tiene prohibido declarar a los medios de comunicación.

La presidenta de la subcomisión de derechos humanos del Parlamento, Adriana Pichardo, señala que en su caso los funcionarios que lo custodian niegan su traslado a tribunales y le impiden asistir a sus audiencias.

Los delitos que le imputan son conspiración y asociación para delinquir.

Actualmente hay 29 diputados que han sido enjuiciados por el TSJ sin respeto a su inmunidad parlamentaria y 35 están en el exilio por persecución política, según Pichardo.

Con información de Efecto Cocuyo

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