El sector salud, uno de los más perseguidos durante la cuarentena en Venezuela

Un estado de whatsapp dejó sin empleo y sin libertad a la bioanalista Andrea Sayago. La trabajadora del Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo de Valera, estado Trujillo, publicó una orden de pruebas de detección de coronavirus por la cual fue acusada de traición a la patria, violación a la privacidad e incitación al odio. No es la única profesional del sector apresada por revelar información sobre la pandemia.

De acuerdo con la ONG Provea, se registraron 34 detenciones arbitrarias entre el 4 de marzo y el 7 de abril en el país, en el marco del estado de alarma por coronavirus. Cinco miembros de personal médico engrosaban hasta esa fecha las cifras de encarcelamientos, pero la lista continúa creciendo: el 15 de abril, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo al médico Luis Araya en Lara. Su delito fue criticar a una funcionaria de gobierno a través de su whatsapp.

Persecución en cuarentena

Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian un patrón de ataque sistematizado para imponer la censura estatal sobre la pandemia de coronavirus. En su último reporte mensual, el Foro Penal denuncia el aumento de las detenciones durante el período de cuarentena. Según el informe, las detenciones están orientadas a quienes ofrecen información relacionada con los casos de COVID-19 o, simplemente, ejercen el derecho a la crítica hacia funcionarios de gobierno. Los periodistas, trabajadores de la salud y diputados son el principal blanco de los ataques.

A las detenciones arbitrarias se suman el hostigamiento, ataques y amenazas. En un comunicado publicado el 13 de abril, Provea explicó que esta nueva ola de persecución se encuentra enmarcada en la narrativa «Furia Bolivariana», creada por el régimen a raíz de las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos.

Las víctimas

Julio Molina: El médico y líder gremial, de 72 años, denunció con sus colegas Carlos Carmona y Maglis Mendoza la situación del hospital Nuñez Tovar, de Maturín. Tras declarar que el centro de salud no está preparado para la pandemia, fue acusado de incitación al pánico, incitación al odio, zozobra a la comunidad y agavillamiento. Se encuentra bajo arresto domiciliario.

Rubén Duarte: La Dgcim lo detuvo en Táchira el 17 de marzo para liberarlo en la madrugada del día 18. El enfermero había denunciado las escasez de insumos en el Hospital Central de San Cristóbal.

Andrea Sayago: Imputada por «uso indebido de información privilegiada», la bioanalista de 30 años se encuentra bajo arresto domiciliario. Además, fue obligada a renunciar a su cargo en el hospital universitario donde laboraba.

Luis Araya: El doctor Araya se encuentra detenido desde el 15 de abril por criticar a una funcionaria de gobierno a través de un estado de whatsapp.

Carlos Carmona y Maglys Mendoza: Ambos trabajadores sanitarios sufren acoso por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. La nieta de Maglys fue detenida y luego liberada para presionarla, según denunció Provea.

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